Tras la última reunión del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) en Roma en octubre de 2010, La Vía Campesina y ROPPA, FIAN Internacional, Amigos de la Tierra Internacional, CCFD-Terre Solidaire, Peuples Solidaires han decidido organizar una asamblea de convergencia durante el Foro Social Mundial de Dakar (Febrero 2011) con todos los grupos interesados ​​en el lanzamiento de un llamamiento contra las apropiaciones de tierras (ver este artículo).

Los participantes de la asamblea de convergencia han adoptado el llamamiento e insistieron en que debería servir como vehículo para crear una amplia alianza y una movilización de apoyo a las personas y organizaciones que resisten al acaparamiento de tierras .

Esta declaración recuerda las contribuciones sociales, económicas y ambientales de la agricultura familiar y campesina, y los riesgos que los acaparamientos representan para las poblaciones rurales. A continuación, presente las exigencias a la atención de los gobiernos locales y nacionales: dejar de negociar la tierra, dejar la criminalización de los movimientos de lucha, reconocer y defender los derechos de los usuarios. También, las exigencias a la atención de las instituciones regionales e internacionales: relanzar el proceso de reforma agraria, fortalecer las directrices voluntarias, hacer la ley internacional vinculante, comprometer la responsabilidad de los estados en las violaciones de los derechos humanos, rechazar los principios propuestos por el Banco Mundial. Por último, llama a la comunidad internacional a solidarizarse con las luchas campesinas.

AGTER sobre la base de su trabajo de los últimos años sobre este tema, participó activamente en la redacción de esta declaración y ha firmado la petición (ir a la petición) .

Para AGTER el llamamiento de Dakar es un paso clave para formar la amplia coalición de movimientos sociales que podría construir una voluntad general suficientemente fuerte para realizar los cambios políticos y jurídicos necesarios. Las propuestas deberían ser perfeccionadas y adaptadas a diferentes contextos pero será útil terminar la ausencia de cualquier responsabilidad legal de las empresas transnacionales y de los inversionistas relativa al derecho internacional sobre los derechos humanos. Tenemos, por supuesto, hacer los Estados responsables de sus fracasos a respetar los derechos humanos que han suscrito, y obligados a reparar el daño. Pero debemos también construir una ley global sobre los derechos humanos garantizada por un poder judicial obligatorio para someter los actores económicos transnacionales a las mismas obligaciones fundamentales. Hasta ahora, ellos tenían solamente responder a las normas de la inversión y del comercio internacional, en gran parte dedicadas a la protección de sus intereses.

También tendremos discernir los principios propios de las políticas de las instituciones que les defienden y de las condiciones de su aplicación. La denuncia del proceso del Banco Mundial por el llamamiento de Dakar es legítimo porque el Banco nunca consulto a la sociedad civil y las organizaciones de agricultores para elaborar sus principios (al contrario del proceso de Definición de las Directrices voluntarias de la FAO). Pero el contenido de los principios, aunque muy general, no es condenable. ¿Cómo no aprobar la necesidad de buscar en prioridad a proteger los derechos de los usuarios en su sitio? Queremos hacer hincapié en la diferencia entre los altos riesgos y la debilidad del marco voluntario propuesto por el Banco Mundial. Se apoyo sólo sobre la buena voluntad de los Estados y de los inversores. Sin embargo, promover principios fundamentales sin los medios reales para asegurar su cumplimiento significa dar a los actores más poderosos la oportunidad de afirmarlos mientras que violan los derechos de las poblaciones. Y como los impactas económicos y ambientales son a menudo difíciles de predecir a medio plazo, este riesgo parece particularmente fuerte.

En su último informe sobre los acaparamientos, el Banco Mundial señaló las ventajas y el potencial de la agricultura campesina en contra de la agricultura industrial. Ella proporciona la mayor parte de los elementos necesarios para comprender los impactas negativos del proceso en curso. Se introduce, aunque discretamente, la existencia de "rentas" y su captura (según la definición del economista Ricardo) y por lo tanto la importancia de un impuesto sobre la tierra. Nos parece necesario contar con los elementos relevantes de este estudio para ampliar cada vez más el consenso frente a los acaparamientos de tierras, al tiempo que condenamos las acciones específicas del Banco Mundial con los Estado y los inversionistas que contradicen ampliamente los análisis de sus investigadores.

Una vez el llamamiento firmado por el mayor número, esperamos relanzar el proceso de reflexión colectiva internacional con el fin de avanzar en las propuestas, en particular:

 Educar e informar a la gente de los países de origen de la inversión a fin de que se apoderaron del tema, que ponen presión sobre los actores concernientes y que puedan elegir las decisiones políticas coherentes.

 Mejorar el conocimiento del riesgo y el acceso a la información de las poblaciones directamente afectadas por las apropiaciones. Deben ser conscientes de sus derechos, definidos en los marcos nacionales sino también en los pactos internacionales, y los medios para hacerlos cumplidos. Deben ser capaces de conocer la naturaleza de las negociaciones, los actores involucrados y los riesgos que corren en su tierra, y las diversas herramientas que existen para luchar contra el acaparamiento.

 Garantizar un enlace entre las luchas concretas de estas personas y organizaciones de la sociedad civil en otros países para que proveen asistencia jurídica, financiera, logística, medios de comunicación... Estas luchas tienen que exigir de los Estados establecer marcos para el reconocimiento y la seguridad de los derechos de acceso a la tierra y a los recursos naturales e impulsar de nuevo los procesos de reforma agraria que han fracasado. Estas políticas sobre la tierra deben ir acompañadas de políticas de apoyo a la agricultura familiar.

 Profundizar la reflexión sobre la necesidad de instrumentos fiscales para orientar la gestión de la tierra.

 Continuar presurizar las diversas organizaciones internacionales para afirmar la supremacía de los derechos humanos sobre los derechos comerciales y garantizar que las condiciones internacionales son propicias para que la agricultura ecológica y familia puede cumplir con sus funciones.

 Poner en marcha una campaña para avanzar hacia una justiciabilidad internacional obligatoria y una responsabilidad legal de las empresas frente a una Corte Mundial de Justicia.