Los conflictos político-económicos y las transformaciones socio-culturales generadas alrededor de la innovación, introducción y regulación de la biotecnología moderna, particularmente la referente a los organismos genéticamente modificados (OGM) han sido escasamente tomadas en cuenta para las políticas agrícolas y de desarrollo, aún en los países firmantes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (PCB), puesto en vigor desde el 2000 (Catacora-Vargas, 2012 : 3).

El objetivo del Protocolo es contribuir a la seguridad en el movimiento transfronterizo de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, es decir, en el desarrollo, la transferencia, manipulación, utilización y posible liberación de los OGM, que puedan tener efectos adversos en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y en los riesgos para la salud humana. Aunque en el propio Protocolo se reconozca el “vasto potencial latente en la biotecnología,” también destaca la importancia para la humanidad de la conservación de los centros de origen y de diversidad genética y reconoce que no todos los países tienen las mismas capacidades de regular y reglamentar los OGM (Protocolo de Cartagena, 2000 : 1-2).

En particular para entender el contexto y el origen de este trabajo, debo resaltar el Artículo 26 del Protocolo, el cual recomienda a las partes tomar en consideración las consecuencias socioeconómicos que podrían generar las importaciones e introducciones de OGM en la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, especialmente en relación con el valor que ésta tiene para las comunidades indígenas y locales (Protocolo de Cartagena, 2000 : 20). En este sentido, las instituciones gubernamentales encargadas de la autorización de OGM deberían tomar en cuenta estos aspectos en las decisiones. Igualmente, en el segundo apartado Artículo 26.2, se alienta a las Partes a intercambiar investigación e información sobre los efectos socioeconómicos de los OGM en las comunidades indígenas y locales.
La interpretación de este artículo ha llevado a posiciones contrarias, desde su lectura restringida y descontextualizada del resto del Protocolo y del Convenio de la Diversidad Biológica (Falk-Zepeda y Zambrano, 2011) hasta las posiciones que relacionan el artículo con el resto del Protocolo y a la luz del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) por lo que se argumenta que el artículo 26 reconoce los derechos soberanos de los Estados en esta toma de decisiones y establece su importancia por su transversalidad al incluir los procesos de decisión en la importación y manejo de los OGM (Catacora-Vargas, 2012). Inclusive, uno de los negociadores del Protocolo (PCB), aduce que el Artículo 26 tiene por objetivo empoderar a las Partes para analizar cuidadosamente los impactos adversos probables que la importación de OGM podría tener en las condiciones socio-económicas (Khwaja, 2002 : 361 en Catacora-Vargas, 2012 : 5).

Así, el artículo 26 ha estado sujeto a múltiples interpretaciones, igualmente dependiendo del posicionamiento de los gobiernos. Estas discusiones se colocaron básicamente en dos polos : de un lado, muchos países en vías de desarrollo, algunos países desarrollados, varias asociaciones civiles y varios académicos que insistían incluir los aspectos socioeconómicos en el manejo y evaluación del riesgo y en todos los procedimientos regulatorios de los OGM, particularmente importantes para los países centros de origen y de diversidad genética (Khwaja, 2002 ; MacKenzie et al., 2003 ; Chauvet, 2009 ; Catacora-Vargas, 2012) ; del otro lado, varios países desarrollados, las industrias biotecnológicas y algunos académicos argumentaban que los aspectos socioeconómicas no eran relevantes y se relegaban a ser considerados de forma optativa (Falk-Zepeda y Zambrano, 2011). En este sentido, la falta de visibilidad política, por un lado, y los intereses económicos de las industrias biotecnológicas, por otro lado, se ven respaldadas por las controversias suscitadas en la adopción y en la importancia del artículo 26.

Esta situación refleja que la esfera de las múltiples interpretaciones sobre la conservación de la biodiversidad queda tan ambigua que confirma que las disposiciones en este ámbito rebasan las consideraciones ambientales en sí, confirmando que las estructuras político-económicas de los países determinarán el eje de dichas resoluciones. La conservación de la biodiversidad debe estar encuadrada en el papel jugado de la biodiversidad en los países centros de origen y de diversidad genética y en los países con una alta proporción de población indígena y población rural que dependen de dicha biodiversidad para su vida.

Por ello, la falta de posicionamiento y de inclusión de estos aspectos ha sido una de las conclusiones de los grupos especialistas hechos en las reuniones de las Partes al Protocolo (COP-MOP 4 y 5). Con base en estas dificultades, desde 2003, el proyecto de Desarrollo en Bioseguridad Nacional de la UNEP-GEF ha elaborado marcos de trabajo para el empleo de una guía en cuestiones socio-económicas con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones en el diseño y establecimiento de bioseguridad nacional en cada país, de acorde a sus necesidades y prioridades. Sin embargo, la introducción de una tecnología en manos de consorcios transnacionales implica tocar esferas de poder enmarañadas entre las redes de las instituciones gubernamentales, las cuales están endeblemente visibles y transparentes.

Por otro lado, el Artículo 26 del Protocolo de Cartagena considera la participación pública, particularmente la participación de las comunidades indígenas en países centros de origen y de diversificación de cultivos fundamentales en sus vidas. Pero esto lleva a cuestionamientos sobre el significado de la participación : la representatividad de la diversidad del público, el compromiso de los gobiernos a seguir las opiniones expresadas en los foros, la información vertida, la estructura de poder, la transparencia de los procesos (Bütschi y Nentwich, 2002 ; Hagendijk e Irwin, 2006 ; Levidow, 2007). Por esto, tener estudios que nos permitan conocer las percepciones y perspectivas de los distintos actores involucrados en los posibles impactos de la adopción de OGM nos ayudarán a ir construyendo la matriz de las consideraciones socio-económicas importantes para cada país y las diversas formas de participación política en la toma de decisiones de tecnologías tan controversiales en la estructura agroalimentaria mundial.

En este sentido, este trabajo ex-ante, es decir, no ha habido una liberación comercial de maíz transgénico en México, nació bajo los lineamientos y las recomendaciones del Protocolo de Cartagena. Para contar con la experiencia en uso de maíz GM, se seleccionaron Estados Unidos y Honduras con el objetivo de tomar su experiencia como un referente para construir la prospectiva del impacto que podrían tener en México.

En el primer caso, existe escasa bibliografía sobre los impactos sociales, económicos y culturales del uso del maíz transgénico entre los productores norteamericanos (Shelton y Roush ; 2002 ; Lee, 2007 ; Lee et al., 2009 ; Ervin et al., 2010 ; Shi et al., 2010 ; The National Academy of Sciences, 2010). Sin embargo, podemos concluir a partir del conjunto de estos estudios, que el control monopólico de la semilla coopta a los agricultores en el tipo de cultivo, en los precios, en los productos industrializados asociados que tienen que comprar. Si antes había una industria semillera diversa en Estados Unidos, actualmente seis empresas controlan la mayor parte de la producción (Shi et al., 2010). En el segundo caso, la poca investigación (Sanders et al., 2006 ; Trabanino y Almendares, 2007 ; Sanders et al., 2008 ; Manzur, 2009 ; Gómez, 2011 ; Falck-Zepeda et al., 2012) reporta los beneficios del uso del maíz transgénico en parcelas pequeñas, pero éstas representan superficies de grandes propietarios hondureños (com. Pers. Falck-Zepeda). Por ende, no pueden ser comparables con la producción maicera de campesinos minifundistas mexicanos.

Para el estudio de México, seleccionamos cuatro regiones contrastantes que nos reflejarían cuatro perspectivas distintas con base en sus diferencias sociales, económicas y culturales, lo cual ha llevado a la producción maicera por distintos caminos. Los factores que tomamos en cuenta fueron económicos (historia de la producción maicera, características de la producción, presencia de empresas transnacionales), sociales (organización social de la producción y comercialización de maíz, presencia de asociaciones civiles, presencia de programas de conservación o de desarrollo por organizaciones académicas y privadas), políticos (programas agrícolas, programas de crédito y subsidios) y culturales (diversidad genética de los maíces, arraigo cultural a la milpa, comunidades indígenas). Con base en estos ejes, elegimos como estudios de caso a Sinaloa, Jalisco, Puebla y Tlaxcala.

Esta investigación se realizó en cuatro estados representativos para poder brindar un panorama de situaciones contrastantes. En los casos analizados, se tomaron los datos productivos en particular de dos años, y se hicieron preguntas que nos permitieron reconstruir escenarios pasados y escenarios futuros. La selección de los entrevistados estuvo dirigida a incluir la mayor parte de los actores sociales involucrados (productores a distintas escalas, comerciantes, agroindustriales, académicos, funcionarios públicos, asociaciones civiles y organizaciones rurales). Los entrevistados se eligieron por la posición ocupada (directores, líderes, responsables, especialistas) y en el caso de los productores, por un lado, por su compromiso como productores, pero por otro lado, fue al azar para tener la mayor heterogeneidad representada. Sin embargo, el tamaño de la muestra fue pequeño, debido al tamaño mismo del equipo, a los tiempos de la investigación y a los métodos etnográficos utilizados, donde se prefiere la profundidad de las entrevistas que el número en sí obtenido. Por ende, la muestra no fue representativa por su número, pero fue altamente confiable en términos de la profundidad y la confianza lograda. En este sentido, los resultados pueden ser leídos como fuentes de una reflexión profunda con los distintos actores sobre su problemática productiva y comercial y por ello, puede ser un fundamento significativo para los tomadores de decisión con respecto a la introducción del maíz transgénico en México.

Finalmente, construimos escenarios futuros con los diferentes actores sociales entrevistados en el trabajo de campo (2012-2013) a través de un seminario conjunto. Los objetivos fueron, por una parte, corroborar nuestros resultados con los propios actores, y por otra parte, construir escenarios agrícolas futuros con y sin maíz transgénico con el objetivo de evaluar los impactos sociales, culturales y económicos de la utilización de maíz transgénico en México. Estos escenarios nos permitirán visualizar los intereses y las perspectivas de los distintos actores con relación al futuro del maíz, y en general de la agricultura en México.

En particular, a pesar de la gran complejidad de lo que entendemos por factores socio-económicos y culturales, aquí solo me centraré en las características de la producción maicera y en la relación de costos-beneficio de la misma. Sabemos que los estudios de los aspectos socioeconómicos para la toma de decisiones sobre bioseguridad tocan demasiadas esferas y tendrían que abarcar las prioridades y los intereses económicos de los distintos actores involucrados en la agricultura (por ejemplo, cambios en la tenencia de la tierra, fortalecimiento de la agricultura familiar,), en la agroindustria (control de tierras, altas tasas migratorias, control de semillas e insumos), en la alimentación (calidad nutricional) con base en la conservación de la biodiversidad y en el bienestar humano (por ejemplo, salud alimentaria para la población,). Y si queremos lograr el trazo del camino hacia la sustentabilidad y con ello, las bases de una soberanía alimentaria, tendríamos que construir alternativas tecnológicas viables ecológica y económicamente y socialmente justas, por lo que tendríamos que hacer otro tipo de estudios para tener las opciones socio-económicas, culturalmente adecuadas a nuestro país. [*¿Queremos una agricultura controlada por los monopolios transnacionales ?
¿O queremos una agricultura que apunte hacia la soberanía agroalimentaria y con mayores posibilidades para una justicia social ?*] En este sentido, para contestar estas preguntas y para abarcar todos estos temas, se necesitan varios estudios inter y transdisciplinarios por varios años. Un punto de investigación fundamental para la economía mexicana sería darle continuidad a los argumentos socio-económicos que brindaron coincidentemente un empresario sinaloense agroindustrial de semillas y un académico de la Universidad de Chapingo con respecto a las desventajas de la introducción de maíz transgénico. Para el primero, el maíz blanco de Sinaloa debería conservarse libre de transgénicos, pues esto le daría ventajas comparativas al tener un nicho de mercado único, lo cual lo podría llevar a obtener precios preferenciales en el mercado ; para el investigador, el maíz libre de transgénicos le daría a México un nicho socio-ecológico único al convertirse en el reservorio de germoplasma de maíces útiles para la humanidad, ya que los bancos de semilla no son garantía de una conservación colectiva y dinámica.

Así que con base en estos cuatro escenarios, brindaré sólo algunos aspectos de los cuales partir para tomar decisiones con respecto a la controvertida introducción de maíz transgénico en México.

Elena Lazos Chavero es Profesora-Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de aGter