Pablo Prado *

A principios de junio del año en curso, los niveles de contaminación en el río La Pasión en El Petén (norte de Guatemala) se incrementaron dramáticamente, causando la muerte masiva de hasta 23 especies de peces y afectando significativamente en forma directa o indirecta unas 30 000 familias rurales pobres de la región. A raíz del desastre, se encuentra una empresa productora de palma aceitera. Un mes después, los afectados pidieron un espacio en la Universidad de San Carlos para relatar su versión de estos hechos y pedir el apoyo de la universidad pública guatemalteca. Hablaron de ecocidio, de conflictos violentos por el acceso al agua, de irresponsabilidad social empresarial y de negligencia del Estado.

Un nuevo episodio trágico de esta historia ocurrió el 18 de septiembre pasado, con el asesinato de Rigoberto Lima Choc, prominente figura de la resistencia contra las actividades de la empresa productora de palma, quien había sido electo recientemente Concejal del municipio petenero de Sayaxché. Este mismo día, a pocas calles de donde cayó Rigoberto, los ex-trabajadores de la empresa manifestaban para rechazar la decisión judicial del cierre temporal de las actividades de la misma.

¿Qué disputas subyacen a estos acontecimientos ? ¿Qué detonantes han sido activados para llegar a la pérdida de vidas humanas ? ¿Cómo refleja este conflicto la contradicción inherente a la reconfiguración agraria contemporánea guatemalteca ?

La disputa más evidente tiene que ver con el espíritu mismo del capitalismo agrario, es decir, con su sempiterna pretensión de maximizar las ganancias de los empresarios más fuertes sin considerar ni los límites biofísicos del planeta ni las consecuencias sociales negativas de la producción agrícola industrializada. Los empresarios capitalistas, lógicamente, solo buscan maximizar el retorno sobre sus inversiones. Pero ¿quién paga por el tratamiento de los desechos derivados de las actividades productivas ? ¿Con cuales recursos se compensa a los grupos humanos afectados negativamente por las grandes empresas ? ¿Quién asume y asumirá los costos y daños a veces irreversibles al exceder las capacidades de carga ecológica ? En definitiva, se trata de una disputa entre la maximización de la ganancia de unos pocos y el derecho de los pueblos a una vida digna y libre, en un ambiente sano y una naturaleza preservada. El error ha sido de confundir el éxito empresarial con el desarrollo sostenible de la sociedad en su conjunto. Es tarea de la sociedad civil y los gobiernos, a los diferentes niveles, desde lo local a lo nacional, de establecer reglas y regulaciones para evitar esta confusión y limitar los riesgos de que semejantes eventos terribles se reproduzcan. En este sentido, las comunidades rurales y los pueblos indígenas pueden jugar un papel esencial, si se les reconoce el derecho de decidir cómo se manejan sus territorios.

La empresa de palma emprendió una fuerte campaña mediática, afirmando no estar implicada en el asesinato del activista y concejal. Le compite a la justicia clarificar quienes fueron los culpables. Pero parece evidente que, con los hechos anteriores, polución del río, cierre temporal de operaciones de la empresa, despido de los trabajadores locales, se crearon las condiciones de un enfrentamiento entre trabajadores y ecologistas. Probablemente, algunos dedos acusadores fueron dirigidos a quienes se atrevían a denunciar el desastre ecológico provocado y se acusaron a los revoltosos de siempre de ser responsables del atraso, la precariedad y la pobreza material en la que viven millones de guatemaltecos rurales. Se atizó así la hoguera de la intolerancia y la violencia en un contexto en sí caracterizado por una gran conflictividad. Una conflictividad de raíz agraria, típica de las sociedades posconflicto que siguen postergando las soluciones estructurales a sus problemas nacionales.

Estos eventos ilustran las consecuencias de la reconfiguración del campo en Guatemala, con una articulación renovada a los mercados globales. Se perpetua el dualismo agrario en el país, aun cuando el modelo agroexportador ya no sea el único eje de la economía nacional. El estrepitoso fracaso guatemalteco con respecto a los Objetivos de desarrollo del milenio sugiere que esta reconfiguración agraria perpetúa la subordinación de las mayorías campesinas y la concentración de la riqueza agrícola en muy pocas manos. Los nuevos conglomerados económicos propician el éxodo campesino hacia unas desordenadas ciudades, sin ser capaces de ofrecer, ni en el campo ni en la ciudad, condiciones mínimas para el trabajo y la vida digna. Asistimos, lamentablemente, a un nuevo circuito de precarización de la vida rural dinamizado por la demanda mundial en el marco de unas pautas de un consumo económicamente innecesario, socialmente irresponsable y ecológicamente inviable. Lo contrario del desarrollo sostenible.

El martirio ecologista de Rigoberto Lima Choc nos hace pensar en el de Chico Mendes. Dos vidas perdidas. Dos conflictos entre el capital y la vida. Dos motivos para la indignación, para la lucha social agraria y para la esperanza.

*Pablo Prado es miembro de AGTER y trabaja en la Facultad de agronomía de la Universidad San Carlos de Guatemala

Con el objetivo de lanzar una reflexión de fondo entorno a las problematicas europeas de acceso a la tierra, en preparación del encuentro mundial de Marzo 2016, el Comité Económico y Social Europeo, AGTER y el CERAI organizan ese dia 16 de noviembre una jornada de discusiones sobre el acaparamiento y la concentración de tierras en Europa.

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