Regulación de los mercados de tierras rurales en África y en otros lugares: apertura del debate

Históricamente, muchos Estados europeos han tratado de regular los mercados de tierras en áreas rurales, para contener los riesgos que implica la concentración de la tierra y para que sean coherentes con sus políticas económicas y objetivos sociales. En América Latina, las reformas agrarias del siglo XX han intentado, con diversos grados de éxito, remediar los dramáticos efectos sociales de un mercado de tierras liberalizado. Con el giro neo-liberal, las instituciones internacionales han promovido los mercados de tierras como si espontáneamente produjeran equidad y eficiencia económica. A pesar de ser tabú, la cuestión de la regulación de las transacciones del mercado de tierras es un tema crucial en muchas partes del mundo.

En África, las transacciones comerciales de tierras (alquileres, aparcerías, ventas) se desarrollan con ritmos y dinámicas muy diferentes. Ausentes en muchas regiones, incluyendo algunas áreas muy pobladas y / o fuertemente dedicadas a la producción destinada a los mercados, se desarrollan muy rápidamente en otros, debido a múltiples factores. Los mercados de tierras pueden surgir de forma endógena, entre agricultores, o ser inducidos desde afuera, por la demanda de tierras de actores urbanos con capacidades financieras (comparativamente) altas. La falta de alternativas frente a las necesidades urgentes de dinero (ventas de emergencia, problemas de salud, ceremonias o financiar la migración) es una causa importante de la venta de tierras.

Los impactos de estas transacciones en términos de desigualdad, concentración de la tierra o productividad, varían mucho según el contexto. Pero las desigualdades entre los actores a menudo producen transacciones injustas o efectos negativos en términos productivos. Este es el caso cuando un comprador urbano compra superficies importantes, con la idea de anticipar cambios en el valor de la tierra, sin que haya un proyecto productivo detrás o sin competencia en la agricultura. Aunque casi siempre son objeto de un contrato escrito, validado por las autoridades locales, la venta de tierras es una fuente importante de conflictos. El contenido de estos contratos puede ser ambiguo, pero lo más importante es que el derecho de una persona a vender tierras puede ser problemático, especialmente cuando se venden parcelas que forman parte de los terrenos de una familia: la venta por un miembro de la familia no necesariamente es aceptada por los otros titulares de derechos familiares.

En la actualidad, los mercados de tierras se están desarrollando al margen de cualquier regulación pública: las transacciones sobre las tierras no legalizadas no se consideran legales; los mecanismos que los actores locales y los gobiernos locales han puesto en marcha para formalizar las transacciones no se reconocen realmente. Las modalidades actuales de desarrollo del mercado de la tierra plantean serios riesgos de concentración de la tierra y de marginación de los agricultores / ganaderos familiares. La regulación de los mercados de tierras es por lo tanto urgente.

A petición de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO), un equipo de investigadores y consultores movilizados por el IPAR, un think tank senegalés, abrió el tema con la contribución de AGTER y del Pôle Foncier de Montpellier. Este estudio analiza la dinámica de los mercados de tierras rurales y sus impactos en términos de equidad y eficiencia e identifica los riesgos económicos y sociales que inducen. También propone un marco conceptual sobre la regulación de los mercados de tierras e identifica los ejes prioritarios de regulación en África Occidental (los informes resultantes de este estudio están disponibles en el sitio web de AGTER. El Volumen III del estudio propone un análisis de los mecanismos reguladores existentes en diferentes continentes - ver abajo).

Es prioritario reconocer la existencia de transacciones comerciales de derechos sobre tierras de las comunidades tradicionales para poder asegurar que se realicen con un mínimo de garantías y abordar la cuestión del derecho o no a vender. Son condiciones para poder establecer políticas más pro-activas dirigidas a orientar la dinámica de las transacciones en la dirección del interés general. Diferenciar las reglas según los espacios y los actores, re-equilibrar las relaciones entre los actores para combinar mejor la equidad y la eficiencia económica, desalentar las compras especulativas e improductivas son herramientas posibles para alcanzar este objetivo, que se tendrán que utilizar de acuerdo con los contextos y las prioridades políticas.

IPAR y AGTER ayudarán a diseminar los resultados de este estudio, los pondrán a disposición de los actores sociales y en primer lugar de las organizaciones campesinas, de pastores e indígenas. Les tocará a ellos, a los expertos y a los responsables de las políticas públicas aprovechar este material para abordar políticamente el tema de dicha regulación y negociar las prioridades estratégicas relevantes en su propio contexto. Se tratará de desarrollar y experimentar dispositivos pragmáticos, simples, arraigados en las realidades y coherentes con las capacidades institucionales de cada país, que aseguren una regulación efectiva, al servicio del interés general.

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